Economistas aseguraron que el programa anunciado por el régimen en agosto de 2018 no ha logrado el objetivo de estabilizar la economía, pues la crisis en Venezuela solo ha empeorado.

Yo estoy seguro que va a ser exitoso. Es la misión de misiones, es el programa de recuperación de la estabilidad monetaria, fiscal, de la estabilidad del sistema de precios, recuperación de la senda de la producción y del crecimiento sostenido, sustentable de las fuerzas productivas, de los 15 motores», aseguró Nicolás Maduro el 11 de agosto de 2018 en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en Fuerte Tiuna, unos días antes de anunciar el plan para la recuperación económica nacional.

Seis días después, Maduro daba a conocer la implementación del programa de recuperación económica conformado por nueve líneas con las que el régimen buscaría acabar, afirmaba, con la guerra económica inducida por actores internacionales que había afectado a Venezuela.

Al cumplirse un año de la presentación de ese programa, todo quedó en el olvido y en fracaso. La crisis económica se ha intensificado en el país. El salario mínimo se volvió agua, los precios continúan aumentando sin control, la producción nacional sigue en declive y los ingresos petroleros van mermando.

Nunca estuvo en la mente de Maduro ni de sus ministros ejecutar un programa de ajustes. La caída petrolera, el cierre de los mercados financieros externos, la acumulación de pasivos comerciales y, más recientemente, el impacto de las medidas económicas y financieras restrictivas decididas por Estados Unidos, generaron y ampliaron un hueco fiscal ‘infinito y en expansión, indicó a El Nacional el economista Francisco Faraco.

Faraco explicó que el régimen de Maduro no ha seguido una dirección que le permita controlar el desmedido y creciente desorden fiscal, que facilitaría que la economía venezolana no continúe por la vía de destrucción a la que la han llevado dos décadas de revolución.

Lograr un equilibrio fiscal y presupuestario. La primera línea del plan de recuperación económica de Maduro consistía en establecer el equilibrio fiscal y las leyes tributarias. Alejandro Cáribas, economista y ex superintendente de bancos, señaló que el régimen ha omitido la publicación de créditos adicionales y cifras referentes a los ingresos, gastos y endeudamiento en las que se asienta el presupuesto anual de Venezuela.

Recordó que en 2016 Maduro presentó el presupuesto anual ante el Tribunal Supremo de Justicia y los tres años posteriores ante la asamblea nacional constituyente, pero sin la información detallada que se requiere para ese instrumento esencial de la política económica nacional.

La presentación del denominado Plan Operativo Anual o Ley de Presupuesto Anual ante una instancia distinta a la prevista en la Constitución, además de ser inconstitucional, genera elementos contundentes de opacidad evidenciados por la publicación incompleta de las partidas y cifras que conforman los ingresos, gastos y endeudamiento, así como la ausencia de premisas fundamentales como las estimaciones del Producto Interno Bruto, tasa de cambio, inflación, producción petrolera y precio del petróleo.

Aseveró que la producción diaria de petróleo continúo en declive sostenido durante el primer semestre del año, con poco más de un millón de barriles en enero, mientras que en junio descendió a 734.000 barriles diarios, que enfila hacia un déficit presupuestario para 2019.

En esa misma orientación, el Producto Interno Bruto continuará la senda del decrecimiento, estimado entre 18% y 25%, lo que originará una caída en la recaudación fiscal, principalmente del Impuesto Al Valor Agregado que es el más significativo de los tributos no petroleros.

Señaló que pese a que la inflación en Venezuela experimentó este año una desaceleración en relación con 2018, todavía sigue siendo muy elevada, aspecto que ha incidido en el descenso de la demanda y que también colabora a la pérdida de los tributos internos.

La incontrolada indisciplina fiscal atenta contra los resultados esperados con las severas medidas de política monetaria que el BCV ha puesto en práctica a través de la drástica subida del encaje legal, como ocurrió en el pasado julio, en el cual la inflación subió nueve puntos porcentuales respecto al mes anterior para ubicarse en 33,8%, que de continuar la generación de dinero inorgánico, pudiera retrotraer la inflación a cifras vistas en 2018.

Recapituló que ante los datos expresados y a pesar de la escasez de transparencia que ha caracterizado el presupuesto anual 2019, Venezuela está frente a una estimación que se mostró bajo la meta de déficit fiscal cero, pero la realidad evidencia todo lo contrario: otro presupuesto anual deficitario en la cuenta del régimen.

Impulsar una nueva política cambiaria. Cáribas resaltó que aunque desde mayo de este año el BCV fijó una nueva política cambiaria que dejó atrás la prohibición de compra y venta de divisas mediante la banca, eso no ha detenido el crecimiento gradual de la tasa de cambio.

Esto es el menor valor del signo monetario nacional respecto a las divisas, en especial frente al dólar de los Estados Unidos, que para mediados de mayo de 2019 se encontraba a razón de 5.638 bolívares por dólar, al día 15 de agosto, tres meses después, es de 13.921,47 bolívares, de manera que el tipo de cambio exige casi 1,50 bolívares más para adquirir cada dólar estadounidense.

Dijo que la política cambiaria, opuesta a la que se consideró en el plan de recuperación económica, no ha conseguido garantizar la tasa de cambio, sino que se ha deslizado 1,50 veces más en relación al símbolo monetario nacional.

El economista Víctor Álvarez aclaró que esa decisión del BCV fue una consecuencia inmediata de las sanciones que impuso el gobierno de Donald Trump al BCV, que se extendía a las empresas privadas nacionales e internacionales que realizaran operaciones cambiarias con la institución encargada de la economía venezolana.

Al ver la autoridad monetaria que eso iba a cerrar prácticamente el ingreso en divisas privadas e interesado en alimentar el régimen cambiario con una oferta privada en divisas, no le quedó más alternativa que permitir que los privados realizarán sus operaciones de compra y venta.

Defensa de los salarios anclados al petro. La tercera línea del programa económico de Maduro señalaba la defensa de los salarios e ingresos anclados al Petro. Cáribas aseguró que los cálculos reales reflejan una brutal caída de la demanda, resultado del alto nivel de los precios.

El salario mínimo para el 18 de agosto de 2018 era de 1.800 bolívares, que representaba el valor arbitrario atribuido a medio petro, moneda digital oficial al cual se ancló el salario mínimo, mientras que la tasa de cambio era de 60 bolívares por dólar, lo que equivalía a un salario mínimo de 30 dólares mensuales; mientras que un año después el salario mínimos es de 40.000 bolívares, equivalente igual a medio petro y el dólar oficial es de 13.921,47 bolívares, esto es, 2,87 dólares.

Sumó que el salario mínimo actual ronda alrededor de 10% del salario en dólares en comparación al 18 de agosto de 2018, mientras que los precios se alinean con la tasa de cambio oficial del dólar, quedando rezagado el salario y su anclaje al petro.

Álvarez señaló que esa línea del plan de Maduro resultó ser un remedio peor que la enfermedad pues el poder adquisitivo de la población y el presupuesto de las instituciones venezolanas han sido disueltos por la inflación.

El anclaje del salario al petro resultó ser una ficción porque en un contexto encarecedor los que están condenados a perder son los salarios porque la inflación sube a tal velocidad que se van quedando cada vez más atrás. Si realmente el gobierno quisiera llevar a cabo una verdadera política para defender los ingresos de los trabajadores en general, tiene que ser a través de una estrategia hiperinflacionaria.

Explicó que de nada sirve que los venezolanos ganen más bolívares, cuando llevan menos productos a sus hogares.

Estabilidad de los precios
El año pasado Maduro había prometido que con su programa de recuperación económica iba a lograr la estabilidad de los precios en el país. Cáribas señaló que eso no se ha logrado en Venezuela desde noviembre de 2017.

Indicó que la inflación desde agosto de 2018 hasta enero de 2019 se conservó en tres dígitos y desde febrero hasta julio de 2019 se mantiene en dos dígitos: febrero, 53,7%; marzo, 18,1%; abril, 44,7%; mayo, 31,3%; junio, 24,8% y julio 33,8%.

Lo anterior demuestra que la inflación se ha desacelerado en los últimos cinco meses completos del año 2019, con respecto a 2018, pero los niveles de inflación continúan siendo aterradores para los asalariados, lo que impone una revisión a fondo de las políticas económicas adelantadas por Maduro, dirigidas especialmente a atacar el problema del déficit fiscal y su financiamiento a través de la emisión de dinero inorgánico.

Álvarez, por su parte, expresó que es en esa línea en la que se demuestra el mayor fracaso del programa de reformas económicas que el oficialismo lanzó en agosto del año pasado.

Si revisamos por ejemplo la medición que hizo la AN en junio, hubo casi 25% de inflación en un solo mes. Eso refleja que la estabilidad de los precios en Venezuela sigue pulverizando los salarios de los trabajadores y los presupuestos de los hogares.

Elevar la producción nacional. Cáribas señaló que el PIB, indicador que muestra el crecimiento o disminución de la producción de bienes y servicios de un Estado en un tiempo determinado, se contrajo 15% en 2018 y las proyecciones para este año, realizadas por organismos financieros internacionales, es una caída de entre 18% y 25%, lo que contradice la meta de aumentar la producción nacional contemplada en el plan de recuperación económica.

Diversos sectores gremiales de los empresarios han manifestado el cierre masivo de empresas en cada uno de sus sectores, el freno del crédito bancario como medida extrema para atacar la tasa de cambio y la inflación, así como los problemas eléctricos y de escasez de combustibles. Son factores presentes en la merma de la producción de bienes y servicios.

El economista analizó por separado un aspecto determinante en la disminución de la producción nacional y con ello del PIB: la falta de inversión en la industria petrolera.

Una contracción acumulada desde 2013 a 2018 de aproximadamente 44,3% habla por sí sola del fracaso de las políticas económicas en lo que respecta a la producción de bienes y servicios, lo que incide en el bajo nivel de empleo, inflación y caída de las exportaciones.

Cáribas aseguró que el programa de Maduro no ha podido revertir la contracción económica en el país, lo que evidencia el fracaso del mismo en todos los planos aquí examinados, que no pasa de expresiones de deseos ajenos a la realidad monetaria del país.